En medio de una incierta coyuntura legal, las plataformas de entrega como DiDi Food, Rappi y Uber Eats expresan su inquietud ante la próxima deliberación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el impuesto del 2% propuesto por el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).
Este impuesto, dirigido a las comisiones que estas aplicaciones generan, está bajo el escrutinio del máximo tribunal, liderado por el ministro Luis María Aguilar Morales.
El cual plantea justificar este gravamen como un pago por el "uso de la infraestructura de la ciudad", una medida que ha inquietado a diversas entidades empresariales de la CDMX como la Coparmex, Canirac y Concamin.
La preocupación radica en elimpacto negativo que este impuesto podría tener en todo el ecosistema económico del reparto de alimentos, desde las apps hasta los restaurantes y los repartidores.
Estas empresas y organismos argumentan que ya cumplen con múltiples obligaciones fiscales a nivel federal y local, incluyendo el IVA y el ISR, lo que hace que este nuevo impuesto sea percibido como discriminatorio y perjudicial para consumidores, usuarios y el sector en general.
Además, advierten sobre posibles consecuencias como la doble tributación y un desequilibrio en las obligaciones fiscales para las plataformas digitales, mientras otras formas de entrega no se ven afectadas por un gravamen similar.
Estas entidades solicitan un análisis minucioso de la situación, abogando por la protección de los derechos de todas las partes involucradas y exigiendo la eliminación de cualquier sesgo arbitrario o discriminatorio en la normativa de la CDMX.
