La tarde del 2 de septiembre del año en curso, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, hizo pública, a través de la Gaceta Oficial, la reforma a la Constitución de la capital de México en materia de propiedad privada, en su artículo 3.
Esta reforma ha causado polémica, temor e incertidumbre en la sociedad capitalina, pues muchos aseguran que ahora el Estado será dueño de sus casas, departamentos o demás inmuebles.
Sin embargo, el Jefe de Gobierno dela Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, señaló que el objetivo de esta reforma es homologar el principio de propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos (CEPEUM). De esta forma se protege la propiedad privada, así como la pública y social, para salvaguardar el interés superior de la nación.
Así pues, la reforma modificó el artículo 3 que plantea los principios rectores a seguir en la Ciudad de México. En la versión anterior, decía: "La Ciudad de México asume como principios (...) el respeto a la propiedad privada". Ahora, con esta modificación se establece "el respeto a la propiedad" en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicho artículo se establece que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
En pocas palabras, el mayor cambio está en que se faculte al gobierno local para definir las modalidades de la propiedad privada que dicte el interés público, es decir, que se pueden establecer limitaciones o restricciones particulares a ese derecho.
Dicho de otra forma, la reforma consiste en ajustar la legislación local al texto del artículo 27 de la CPEUM, para reconocer "el respeto a la propiedad" en términos de la Constitución Mexicana.
No obstante, algunos expertos aseguran que con esta modificación se deja al mercado inmobiliario en un estado indefenso, ya que fue una autoridad saliente la que realizó dicha reforma.
