Una de las características de la llamada Cuarta Transformación es que para ellos son innecesarios los órganos autónomos que garantizan la información pública y la lucha contra la corrupción, bajo la premisa de que la corrupción se terminó con el inicio del presente gobierno, y que responder solicitudes de información de la ciudadanía sólo quita tiempo a los servidores públicos del gobierno federal.
Un caso patético es lo que ocurre en la ciudad de México, donde el Sistema Anticorrupción prácticamente ha desaparecido con el desmoronamiento del Comité de Participación Ciudadana. El 16 de febrero los tres integrantes del Comité que quedaban –de un total de cinco– anunciaron su renuncia ante la falta de recursos y diálogo con el gobierno capitalino.
En Morelos, la cosa anda por ese mismo rumbo, y no por culpa del Poder Ejecutivo, sino por los quince diputados que desde hace unos meses pretenden tomar el control del estado.
La Ley Anticorrupción del estado de Morelos contempla que los miembros del Comité de Participación Ciudadana tengan una duración “escalonada” en el cargo para evitar componendas. Así, el 2 de mayo de 2019, tomaron protesta Roberto Coránguez por un año; Penélope Picazo por dos; Edgar López Betanzos, tres; Damiana Herrera Mota, cuatro; y Alejandro Enríquez Hermida, designado por cinco años.
De acuerdo a la Ley, el Congreso del Estado debe elegir a los miembros de la Comisión de Selección que habrán de nombrar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Desde hace muchos meses, la actual presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Damiana Herrera, le ha enviado infinidad de oficios al Congreso Local advirtiéndoles que se requiere cubrir los espacios que han ido quedando vacíos para garantizar la operatividad del Sistema Estatal Anticorrupción.
En el último de ellos —con sello de recibido del 20 de febrero del 2023— los “sobrevivientes” del CPC le recuerdan a la presidenta de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, Paola Cruz, que desde septiembre del año pasado le pidieron a la Junta Política y de Gobierno dar inicio al procedimiento para la elección de los integrantes de la multicitada comisión, “a fin de poder avanzar con la aprobación e implementación de la política anticorrupción en el estado de Morelos”.
Asimismo, le hacen del conocimiento que, con el término de la gestión de la actual presidenta del CPC, “se ve seriamente afectado el sistema anticorrupción ya que sólo se quedaría un integrante del Comité de Participación Ciudadana”, y no habría forma de sesionar.
Han pasado diez días desde que lo recibieron en la Oficialía de Partes del Congreso y no hay visos de respuesta. Tal pareciera que las diputadas y los diputados sólo están pensando en el helicóptero que se va a comprar el fiscal del estado con el dinero que ellas y ellos le autorizaron, y que seguramente les prestará para recorrer el estado.
